Poniendo la vida en el centro desde las redes de cuidado migrantes.

 

Poco sabemos de la pandemia COVID19 o de las consecuencias del socioeconómicas y políticas resultantes de ésta. Lo que está claro es que dejará de ser un inconveniente pasajero para dejar rendijas de raíces profundas. El escenario que permanecerá una vez pase todo será lo que ya se denomina como la nueva normalidad, una normalidad en la que las desigualdades pre-pandemia se encontrarán aún más arraigadas en las sociedades. Desde perspectivas más o menos optimistas, los colectivos vulnerabilitzados se enfrentan a un riesgo más claro de exclusión socioeconómica resultante de más precariedad y temporalidad del trabajo, dificultades en el acceso a la vivienda, desigualdades de género, conflictos armados o el desplazamiento de personas refugiadas y migrantes. Estas últimas, por ejemplo, se sitúan en una desprotección social, política y jurídica que acentúa aún más el riesgo de caer en situaciones de alta vulnerabilidad. Observamos como estados y gobiernos han activado todos los instrumentos del Estado a través de diversas medidas de choque sociales y económicas, pero ¿qué pasa cuando las vulnerabilidades se encuentran allí donde la ley no llega? Como permanecen las personas migradas que se encuentran en situaciones administrativas aun irregulares? Quién garantiza su protección?

 

Vulnerabilidades

Según el reciente informe de la Organización Internacional de las Migraciones [1], las personas migrantes en situaciones de alta vulnerabilidad tienen más probabilidad de contraer el virus, no obtener los cuidados necesarios, sufrir efectos psicosociales más graves, inseguridad de ingresos y precariedad. Además, en un ambiente de auge de la xenofobia y el racismo, las violencias estructurales que afronta la comunidad migrante es exponencial. El Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha publicado una serie de recomendaciones [2] a los Estados que incluyen la garantía a los servicios de salud, bienes y servicios, el derecho a unas condiciones laborales mínimas así como protección social, el derecho a garantizar la educación, la regulación de los centros de detención de migrantes o medidas contra la xenofobia.

Los debates sobre los modelos de protección de las personas migradas toman diversas formas, pero lo que queda claro es que la reducción de vulnerabilidad de las personas migrantes debe articularse a través de una total regularización administrativa. Desde perspectivas más universalistas o más utilitaristas, los gobiernos europeos han iniciado medidas para atender estas necesidades. El pasado mes de marzo Portugal inició los procesos de regularización de todas las personas migradas en situación administrativa irregular para garantizar el acceso a los subsidios públicos del Estado, así como a los servicios de salud; estableciendo un precedente basado en los derechos humanos universales como punto de partida. Italia ha seguido los pasos del país vecino pero, en cambio, gestionando una regularización parcial de la población migrante en situación irregular vinculada al mercado laboral y, sobre todo, a los sectores esenciales de los sectores primarios de la economía, proponiendo así una aproximación más utilitarista de la mano de obra migrante. En España aún no se han adoptado medidas más generales de regularización de personas migradas – más allá de tímidas medidas como el Decreto Ley 13/2020 de empleo agrario. De hecho, los procesos de regularización han sido paralizados lo que supone aún más obstáculos ante la precarización socioeconómica.

 

Resiliencias

Frente estas vulnerabilidades, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de migrantes auto-organizadas han puesto en marcha la campaña #RegularizaciónYA que a través de un manifiesto defienden urgentemente la regularización permanente y sin condiciones ante la emergencia sanitaria [3]. Con más de mil adhesiones en todo el Estado, la campaña ha logrado ocupar un espacio en la agenda pública y una importante cobertura mediática. Además, se han organizado sustanciales redes de cuidado, como la Red de Cuidados antirracistas que se encarga de gestionar la distribución y entrega de alimentos y coordinar pequeñas iniciativas en todo el Estado o el Sindicato de Manteros de Barcelona que dedica su taller a producir batas y mascarillas, así como su distribución.

Por tanto, se pueden observar crecientes ejemplos de redes de cuidados que articulan y construyen importantes resiliencias dentro de cada comunidad [2], también y sobre todo desde la comunidad migrante. Sin embargo, es imprescindible entender que las resiliencias no son sólo una forma de compensar las carencias del sector público, sino que son fuerzas de impulso social y político, construyen alianzas, proyectos y marcos normativos. Estas iniciativas ponen de relieve que las redes de cuidados de migrantes también forman parte de un necesario cambio de paradigma, es decir, poner la vida en el centro.

 

Referencias

[1] https://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-60.pdf

[2] https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf

[3] El movimiento en Italia toma el nombre de: Siamo qui-Sanatoria Subito! (https://www.facebook.com/siamoquisanatoriasubito/)

[4] Así lo ha mapeado el proyecto ‘Solivid’ https://www.solivid.org

 

Chaimae Essousi

Chaimae Essousi is a PhD student in the Politics, Policies and International Relations (PPIR) programme at Universitat Autònoma de Barcelona. She obtained her Master’s degree in Crisis Management and Peacebuilding at Umeå University in Sweden (2017-2018). Currently, she collaborates in the MIGRADEMO project as a predoc research assistant. Her main research interests are migration, processes of political participation and sociopolitical movements in the Global South.