Mayor proliferación de iniciativas procomún en el Área Metropolitana de Barcelona con una distribución desigual entre barrios y sectores económicos

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) presenta una mayor proliferación de iniciativas procomún con una distribución desigual entre los barrios y los sectores económicos. Esta es la principal conclusión del estudio desarrollado por investigadores del Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) y el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB), ambos de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​que analiza la distribución territorial de iniciativas procomún en el AMB.

 

Analizando las iniciativas urbanas procomún en el AMB

La crisis financiera de 2008, las políticas de austeridad que le siguieron y las protestas urbanas en todo el planeta durante 2011 (Primavera Árabe, 15M, Occupy Wall Street, etc.) revelaron la incapacidad de los gobiernos para satisfacer las crecientes necesidades sociales de la población y, al mismo tiempo, dieron lugar a la aparición de nuevas respuestas dirigidas por los ciudadanos que ofrecían soluciones al margen del Estado y el mercado. Este estudio analiza la concentración y la articulación territorial de las iniciativas procomún dirigidas por los ciudadanos en el Área Metropolitana y sus implicaciones, en términos de desarrollo territorial y justicia socio-ambiental.

 

Distribución desigual de iniciativas urbanas procomún en el territorio y por sectores

Los resultados del estudio muestran que las iniciativas caracterizadas por una participación ciudadana activa en la producción, el consumo y la toma de decisiones (iniciativas procomún) representan el 51% del total de 1,160 iniciativas ciudadanas asignadas dentro del AMB. El estudio considera como iniciativas procomún aquellas que tienen una dimensión prosumidor, es decir, cuando el bien o servicio es producido por los propios usuarios al menos en alguna fase del proceso productivo, que incluye su gobernanza. Geográficamente, el 40% de las iniciativas procomún se concentran en la ciudad de Barcelona, ​​aunque también se encontraron importantes agrupaciones en los municipios de L’Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, el Prat de Llobregat, Badalona y Santa Coloma de Gramenet. «Esta concentración desigual se debe tener en cuenta al diseñar políticas territoriales», explica el equipo IGOP/ICTA-UAB. Si consideramos su sector económico, el 50% de las iniciativas procomún se encuentra en los sectores de «agroecología, energía y medio ambiente» y «cultura y ocio”, mientras que en los sectores de «tecnología y logística» (4%) y «vivienda» (6%) son menos dominantes. Aproximadamente un tercio de esta actividad se lleva a cabo en colaboración con el gobierno, que es principalmente local.

 

Los procomunes urbanos tienen un impacto positivo, pero todavía hay un camino por recorrer

Según el equipo IGOP/ICTA-UAB, la mayoría de las iniciativas procomún contribuyen a la promoción de un desarrollo local social y ambientalmente transformador, hacia una mayor redistribución, bienestar e integración de los grupos vulnerables. También se destacan las experiencias exitosas de colaboración y coproducción con la administración pública, especialmente en vecindarios y municipios con una mayor historia de organización popular liderada por ciudadanos.

Aún así, existe la necesidad de un cambio en la forma en la que las autoridades públicas se relacionan con el territorio. Este cambio se puede sintetizar en tres puntos. Primero, la formulación de políticas requiere una nueva experiencia en gestión pública que pueda aprovechar al máximo la autoorganización ciudadana y los usos colectivos. En segundo lugar, es importante distinguir las coincidencias y diferencias entre el sector de la economía social y solidaria en su conjunto, y las iniciativas procomún. Finalmente, existe la necesidad de promover una cultura administrativa (por ejemplo, entre los encargados de la formulación de políticas públicas y los técnicos que vayan a implementarlas) mediante la cual el apoyo gubernamental a los proyectos ciudadanos no signifique la subordinación, control o apropiación de estos por parte del gobierno. En este sentido, un cambio importante sería la simplificación de los procedimientos administrativos y la promoción de medidas ad hoc para garantizar, o al menos no obstaculizar, las actividades procomún (por ejemplo, en el caso de grupos de cuidado infantil, las licencias requeridas hacen que la organización colectiva de los participantes sea más difícil).

Dicho esto, el propósito de las políticas será diferente dependiendo de si existe una masa social crítica, o no. En el primer caso, el papel será de acompañamiento y facilitación. En el segundo, vale la pena explorar acciones alternativas como la capacitación, la difusión del conocimiento o la generación de oportunidades para compartir ideas y experiencias. Estas acciones crearán un impulso en torno a la participación ciudadana y, a su vez, contribuirán a una mejor implementación y efectividad de las futuras políticas territoriales. La forma en que se implementan las políticas también es importante, así como la creación de espacios municipales y supramunicipales que funcionen independientemente del contexto político y den continuidad y contribuyan a la implementación de dichas políticas. En esta línea, es importante tener técnicos en el territorio que trabajen directamente con las iniciativas y entidades procomún, y así comprender sus necesidades únicas y su potencial para la gestión pública.

 

Para obtener más información, consulte el sitio web del proyecto: http://blogs.uab.cat/coproduccioprocomu/