Investigadoras del IGOP-UAB y de la UB presentaron las principales conclusiones de un estudio comparativo en el que, junto con otros investigadores, han analizado el impacto de la innovación social en la educación y el cuidado de la primera infancia en diversos contextos internacionales, entre ellos la ciudad de Barcelona. La presentación tuvo lugar en el Palau Macaya, en el acto «De Tokio a Barcelona», organizado por el IGOP-UAB y la Fundación La Caixa.
El estudio ha sido recogido en el libro Social Innovation and Welfare State Retrenchment. En Comparative Analysis of Early Childhood Education and Care in Europe and Beyond (Emerald Publishing), editado por Raquel Gallego, Lara Maestripieri, (investigadoras IGOP-UAB) y Sheila González Motos, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. El estudio ha contado con la participación del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB y ha sido financiado por la Fundació La Caixa.
La obra examina cómo la innovación social puede contribuir a garantizar la equidad y la universalización de los servicios para niños de 0 a 3 años, un ámbito donde la inversión social es clave para la igualdad de oportunidades y la reducción de desigualdades de género y educativas. El libro ofrece un diseño de investigación innovador que estudia el proceso de institucionalización de la innovación social en la educación y el cuidado de la primera infancia (ECEC) a través de siete casos en diferentes países de Europa y más allá.
Una de las principales conclusiones es que la innovación social se ha convertido en un elemento fundamental en la transformación del estado del bienestar. En cuatro de los siete casos analizados (Oslo, Seine-Saint-Denis, Venecia y Tokio), se demuestra cómo la institucionalización de la innovación social puede mejorar la integración y accesibilidad de los servicios públicos de educación infantil. En otros tres contextos (Portsmouth, Barcelona y Tel Aviv), se pone de manifiesto cómo la innovación social puede suplir las carencias del mercado y del Estado, cubriendo necesidades familiares en situaciones donde la provisión pública es limitada. No obstante, en todos los casos, la regulación de la innovación social se vuelve clave para evitar sesgos socioeconómicos.
¿Innovación social en Barcelona: equidad o diferencia?
En el acto tuvo lugar una mesa redonda moderada por Lara Maestripieri (UAB), que contó con la presencia de David Palomera (experto en sistemas de protección 0-3) y la ex comisionada de educación en el Ayuntamiento de Barcelona Maria Truñó. En el debate se plantearon cuestiones como: ¿Cuáles son los avances y aspectos más innovadores del 0-3 en Cataluña? ¿Cuál debería ser el papel de la innovación social? ¿Qué propuestas políticas debería incorporarse?
Para Palomera, Cataluña arrastra «una década perdida» en la que los recortes (2011-2019) frenaron la ventaja histórica del país y hoy dejan en Barcelona «un 50 % de demanda no atendida en los centros públicos». Esta carga obliga, dice, a mirar con recelo la retórica de la innovación: «Hablar de innovación social a menudo oculta la falta de iniciativa pública». Palomera destacó la reducción de costes vía tarificación como el principal avance y considera que la recuperación presupuestaria y los fondos Next Generation ofrecen una «ventana para institucionalizar y estructurar la financiación», pero advierte que, si no se consolida, la gratuidad puede beneficiar sobre todo a quienes ya tienen recursos.
Su hoja de ruta, con un fuerte liderazgo público acompañando iniciativa social, combina dignificación laboral—«muchos maestros de la privada opositan sólo para sobrevivir»—, mejora de ratios para detección precoz y un modelo de «ciudad cuidadora» que despliegue servicios flexibles 0‑1 (centros cívicos, espacios de apoyo comunitario) para que la ecosistema de cuidados donde las madres puedan ver reconocida su trabajo e incluir a los hombres en el cuidado. Asimismo, avisa de que la innovación comunitaria sin Estado puede «impulsar disparidades territoriales», sobre todo en municipios con poca capacidad fiscal y destaca la necesidad de reformular la financiación municipal y la necesidad de recopilar datos e indicadores para valorar qué es bueno.
Por su parte, Maria Truñó, ex‑Comisionada de Educación del Ayuntamiento de Barcelona y directora de la Aliança Educació360 destacó la idea de la primera infancia como inversión social y celebró que el 0‑3 haya escalado en la agenda institucional —«hemos ganado peso al 0‑3 en la agenda social»—, pero advierte: llega». Sostiene que universalizar sólo tiene sentido «con criterio de equidad», priorizando a niños vulnerables mediante tarificación social (incluyendo la alimentación) y reserva de plazas coordinada con Servicios Sociales y sin olvidar la reivindicación por los permisos parentales. Su apuesta de innovación pública más sólida es la Red de Espacios Familiares de Crianza, que ha pasado de 10 a 27 equipamientos y actúa, según remarca, como «puerta de entrada al sistema educativo» para familias -sobre todo migrantes- que rechazan delegar los cuidados en edades tan tempranas. Defiende, además, «diversificar los servicios» con las Guarderías como palos de pajar (horarios flexibles, madres de día reguladas, servicios en el hogar) porque las familias son cada vez más desiguales y más diversas y «seguimos pensando que las necesidades se pueden estandarizar». Finalmente reclama una mirada 0‑6 interdepartamental: «Es un totum revolutum de educación, cuidados y acción social: hay que hibridar para dar el salto de escala».
En el acto se destacó la contribución fundamental que representa el estudio para entender cómo la interacción entre innovación social y política pública impacta en la equidad y el bienestar en economías capitalistas avanzadas. Los resultados, remarcaron las investigadoras, evidencian la necesidad de un marco político flexible que permita la incorporación de soluciones innovadoras en los servicios de educación infantil, garantizando su accesibilidad y calidad para todas las familias.
Educación y curas en otros países
