El pasado 04 de octubre se reunió el Grupo de trabajo «Evaluación, Participación y Democracia: un vistazo a Iberoamérica», que organizamos desde el Grupo de Análisis, Gestión y Evaluación de Políticas Públicas, en el VII Congreso GIGAPP realizado en la ciudad de Madrid. Los coordinadores de este espacio fueron Carolina Muñoz-Mendoza y Ramón Canal Oliveras, investigadores de IGOP.
En la ocasión conocimos los trabajos del profesor Alcides Gussi de la Universidade Federal do Ceará en Brasil, quien expuso su propuesta «Abordaje antropológico de la evaluación de políticas públicas», profundizando en los enfoques teóricos, alternativas metodológicas y una experiencia etnográfica de evaluación de dos programas de microcrédito del Banco de Nordeste de Brasil. Por su parte, el evaluador Juan Carlos Sanz del proyecto «Fortalecimiento de Capacidades en Evaluación» (FOCEVAL) del Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación y Desarrollo (DEval) presentó la experiencia de «Evaluación participativa de los protocolos de prevención y atención al cáncer de la Caja Costarricense del Seguro social» implementada por los representantes de la Juntas de salud de la Costa Caribe de Costa Rica en conjunto con el personal de los servicios locales de salud, con apoyo del proyecto FOCEVAL. Finalmente, el profesor Edgilson Tavares de Araújo, de la Universidade Federal do Recôncavo da Bahia en Brasil, expuso sobre «Metodología de evaluación argumentativa» y las posibilidades que ofrece este método para profundizar en el discurso de los actores sociales como elemento central de la evaluación de políticas.
Los tres trabajos presentados permitieron cuestionar los paradigmas de evaluación predominantes o «hegemónicos», que no facilitan la inclusión de actores sociales en las evaluaciones, sus necesidades, contextos, discursos y perspectivas. De esa manera, se concluía que el enfoque participativo, traducido en métodos y herramientas concretas como las expuestas, puede complementar las evaluaciones tradicionales y fortalecer los procesos de políticas públicas mediante la incidencia ciudadana. Sin embargo, existen aún una serie de obstáculos que afrontar, especialmente en cuanto a posicionar estas herramientas en los contextos políticos, técnicos y de los propios evaluadores y evaluadoras. Así como también la generación de mecanismos que faciliten el uso efectivo de los resultados de estas evaluaciones, todo lo cual exige seguir profundizando en los alcances teórico-metodológicos políticos y prácticos que este tipo de experiencias tienen.
