Los efectos de la opacidad en la gestión de residencias de mayores antes de la COVID-19

La COVID-19 está reflejando y expandiendo las desigualdades sociales que ya existían antes de esta, y así lo están mostrando recientes estudios realizados desde distintas disciplinas. Se han exacerbado las desigualdades vinculadas a la edad, al género, la precariedad laboral, el lugar de residencia y, sobre todo, a la clase social. Hasta el momento, el grupo más vulnerable ha sido el de los adultos mayores, en especial, aquellos que viven en residencias de mayores. En España, la muerte de 19,061 personas en residencias a causa del COVID-19 o síntomas compatibles (con datos del 23 de mayo de 2020) nos obliga a mirar desde distintos ámbitos cómo mejorar las políticas de atención a los adultos mayores. Diversos estudios ya habían alertado de problemas estructurales que presenta esta política, los cuales tienen una fuerte relación con la poca prioridad que han tenido estas políticas en la agenda de gobierno y, en consecuencia, con su escasa dotación de recursos públicos (por ejemplo, durante el período de 2010-2014, España destinó en promedio un 0.85 por ciento del PIB para políticas de cuidados de larga duración de las personas mayores, en comparación con un 1.7 por ciento del PIB en Alemania, un 2.5 por ciento en Dinamarca, y un 2.8 por ciento en los Países Bajos).

El objetivo de este breve artículo es subrayar la importancia de hacer transparente la información sobre esta política, sobre las instituciones responsables de implementarla y sobre sus procedimientos de gestión. La transparencia de esta política no se limita a una visión minimalista de hacer público el número de plazas (ocupadas y disponibles) de estos centros, sino que abarca medidas de mayor calado en las políticas de atención de mayores que tendrían que implementarse a lo largo de todas las comunidades autónomas (CAs) —pues son éstas en quienes recae principalmente la responsabilidad de gestionar, financiar y evaluar este servicio—. En especial, las políticas de transparencia están relacionadas con la provisión de información sobre la toma de decisiones, sobre los contenidos de estas decisiones, y sobre sus resultados y efectos. La transparencia es un prerrequisito de la rendición de cuentas, pues sólo a partir de información disponible se puede evaluar y comparar la calidad de este servicio, evitar la corrupción en su gestión, y sancionar a los responsables en caso de un mal desempeño. La crisis ocasionada por la COVID también nos demuestra que la falta de transparencia puede conducir a graves consecuencias para los mayores que viven en estos centros.

¿Quienes deben estar sujetos a mecanismos de transparencia?

 Un primer elemento fundamental es señalar con claridad quiénes deben ser los responsables de proveer esta información. Por diversos estudios sabemos que la provisión de este servicio tiene una alta participación del sector privado en un gran número de países, incluso en países con Estados de bienestar universalista, de manera que estas medidas deben obligar tanto a centros públicos como privados a hacer pública información sobre diversos aspectos de su gestión. Como se observa en la Tabla 1, la política de atención a los adultos mayores tiene un grado muy alto de mercantilización. Por ejemplo, según datos de los Informes de envejecimiento en red, de un total de 372,985 plazas en España, el 73 por ciento pertenecen a centros privados, y en algunas comunidades autónomas como Cantabria, Cataluña, Valencia este porcentaje es igual o mayor al 80 por ciento.

Los efectos de la COVID-19 han mostrado que tanto en lo centros públicos, como en los concertados y privados en España, existen claras deficiencias de gestión. Sin embargo, las organizaciones privadas —a diferencia de las públicas— presentan, en ausencia de regulación, dos riesgos fundamentales en materia de transparencia: Primero, estas están menos sujetas a mecanismos de rendición de cuentas tanto a otras instituciones públicas como a los ciudadanos en general. Y segundo, cuando hay una ausencia de competencia en el mercado y de regulación de ésta (por ejemplo, cuando la prestación del servicio se concentra en pocas manos, como un número reducido de empresas multinacionales), la gestión de estas organizaciones puede conllevar grandes riesgos de problemas de opacidad y de asimetría de la información. Asimismo, también es necesario arrojar luz como una medida de control del sector privado (en sus distintas formas de gestión mixta o directa), ya que estudios empíricos han demostrado que la participación del sector privado puede tener consecuencias negativas en la calidad en la prestación de esta política y en la satisfacción de los ciudadanos.

Tabla 1. Plazas en centros privados y públicos

Fuente: Abellan-García, A. et al. (2019). Estadísticas sobre residencias: distribución de centros y plazas residenciales por provincia. Datos de abril de 2019. Madrid, Informes Envejecimiento en red, 24, p. 24. Link: http://envejecimiento.csic.es/estadisticas/indicadores/residencias/index.html

¿Cuáles deberían ser los contenidos de esta información?

 Un segundo elemento que es necesario discutir tiene que ver con los contenidos de la información. Por un lado, es necesario un sistema de información homogéneo que garantice la recopilación y publicación de indicadores e informes de calidad sobre estos centros a lo largo de todas las CAs, pues hasta el momento existe mucha variación a lo largo de los territorios. Se necesitan reformas en las políticas de transparencia que garanticen la publicación de información sobre aspectos cruciales que permiten evaluar la calidad de cada centro, como el ratio de personal (médico y de enfermería) y sus cualificaciones profesionales, condiciones laborales y funcionamiento de los sistemas de turnos del personal, la asignación presupuestaria —por ejemplo, el presupuesto destinado a gastos administrativos, a pagos de servicios, como servicios de limpieza o de cocina—, y el ratio de espacio disponible para cada adulto mayor. Y sobre todo, es necesario homogeneizar y hacer transparentes los procedimientos de autorización, acreditación y registro; los criterios de las inspecciones, sus resultados y, en su caso, las sanciones impuestas.

Asimismo, los centros también tendrían que estar obligados a proveer información homogeneizada y detallada a los propios usuarios —quienes se parece olvidar que son ciudadanos con plenos derechos— sobre los protocolos de ingreso, la prestación de servicios médicos disponibles, sobre la disponibilidad o medios de acceso a espacios exteriores y al aire libre. También información detallada sobre los procesos de atención individualizada, como el seguimiento de la medicación de los adultos mayores, su dieta, y las actividades que realizan (actividades físicas y sociales).

Es importante señalar que los derechos de protección de datos de carácter personal — los cuales están destinados a proteger principalmente la información personal de los residentes— no se contradicen con los derechos de transparencia. Cabe mencionar como ejemplo, las encuestas realizadas anualmente por el Consejo Nacional de Salud y Bienestar de Suecia (Socialstyrelsen): por un lado, esta institución realiza encuestas de satisfacción de los residentes con respecto a la atención que reciben en las residencias, incluyendo aspectos como la percepción que tienen sobre el trato por parte del personal del centro o sobre el seguimiento de sus planes de atención individualizada; y por otro lado, encuestas destinadas al propio personal administrativo de cada centro con el objetivo de obtener información más detallada sobre los indicadores de calidad de éstos, como su tamaño, el tipo de servicios que prestan, el ratio de personal de enfermería, o el número de residentes de cada centro. Todos estos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas son una vía idónea para medir la calidad de cada centro y para estudiar los efectos de ésta.

La COVID-19 ha hecho evidente que la falta de transparencia en la gestión de las residencias ha contribuido a este devastador escenario. En estos próximos años es necesario construir estos sistemas de información, pues sin estos no se podrán analizar los efectos de esta política, ni comparar los resultados de distintos modelos de gestión. Sin esta información tampoco se podrían asignar responsabilidades (y sanciones) a quien lo está haciendo mal. Sobre todo, es necesario hacer transparentes estos parámetros para que la evaluación de esta política no se reduzca a datos como el coste del servicio, sino que abarque el cumplimiento de requisitos mínimos de calidad que garantice una vida digna a los adultos mayores que viven en ellas (*).

Ixchel Pérez-Durán
Profesora lectora (Serra-Hunter), Departamento de ciencia política y derecho público, Universitat Autònoma de Barcelona.

Email: ixchel.perez@uab.es
Twitter: @IxchelPerezDur
Website: https://ixchelperezduran.weebly.com

(*) Publicado en Agenda Pública, el día 26 de de mayo de 2020.
Link: http://agendapublica.elpais.com/efectos-de-la-opacidad-en-las-residencias-de-mayores-antes-de-la-covid-19/